Resumen Ejecutivo
La crisis del COVID-19 supone un enorme reto para la estabilidad económica y presupuestaria de España. Con el aumento previsto de la deuda pública (que se situará a
finales de año por encima del 115% del PIB) y de su déficit estructural (superior al 5%), las necesidades de financiación del sector público en los próximos años van a ser más
exigentes que las de 2020. El riesgo de entrar en una dinámica de insostenibilidad de la deuda aumentaría la incertidumbre y el coste de financiación de la economía española.
● A pesar de la contundencia y efectividad con la que ha actuado en esta crisis, no puede esperarse que la financiación del BCE sea ilimitada y permanente. Hay que evitar
cualquier tipo de complacencia y la tentación de pensar que la UE y el BCE financiarán indefinidamente a la economía española, independientemente de sus políticas y del
cumplimiento de sus compromisos fiscales.
● Existen razones más importantes que las reglas europeas para garantizar cuanto antes la sostenibilidad presupuestaria a partir de 2022, con un plan de ajuste fiscal a medio y
largo plazo transparente, ambicioso, pausado pero sostenido en el tiempo, creíble y con un amplio apoyo político y social. Lejos de reducir el margen de maniobra fiscal, un plan
que satisfaga estas condiciones lo aumenta y contribuye a que los estímulos fiscales adoptados sean más efectivos, gracias a la certidumbre que proporciona al conjunto de la
economía y a que permite condiciones de financiación más favorables.
● Este plan de ajuste fiscal no debe entorpecer el objetivo de evitar un incremento de las desigualdades personales, regionales y generacionales como consecuencia de la crisis.
Los jóvenes no deben ser de nuevo los perdedores de la crisis.
● Dada la magnitud del reto de sostenibilidad de las cuentas públicas, no basta con pequeños retoques en los ingresos y gastos públicos. Es necesario un amplio conjunto de
medidas con efectos potentes: abordar reformas que aumenten el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público, mejorar la estructura fiscal y, en
último término, aumentar los impuestos de forma que perjudique lo menos posible el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo.