INTRODUCCIÓN
Nos enfrentamos a la segunda campaña de Renta en pandemia y, tristemente, después de un año así, tanto la Administración, como los contribuyentes y asesores, nos hemos adaptado a trabajar en estas nuevas condiciones encontrando soluciones basadas, fundamentalmente, en las nuevas tecnologías, en los equipos humanos y, en última instancia, en las ganas de ser útiles.
Ya es la XXXII edición de este trabajo que hemos elaborado todos los años, sin faltar uno, desde 1988 hasta esta campaña, recogiendo las novedades normativas, que han sido muchas, doctrinales y de jurisprudencia, por no hablar de los cambios en la gestión. Desde luego, nada tienen que ver aquellas campañas de renta que se hacían a mano o, como mucho con impresoras de aguja, a las de ahora con entornos digitales tanto de los asesores como de la Administración.
Esta campaña, inevitablemente, viene marcada otra vez por la COVID-19. Tendremos que tener en cuenta todavía los días en los que se interrumpió la prescripción, desde el 14 de marzo al 30 de mayo de 2020 –por ejemplo para el cómputo de algunos plazos de reinversión–, los 99 días de aquel estado de alarma, así como los días que se suspendieron determinadas actividades en algunos territorios –a efectos de los módulos–, el impacto de los ERTEs en la declaración que ahora presentamos –que ha implicado la obligación de declarar a muchos contribuyentes que antes no tenían que hacerlo–, la transcendencia que tienen, en la declaración, los acuerdos de arrendadores y arrendatarios por las dificultades de estos últimos para satisfacer las rentas, o la tributación de las ayudas concedidas a empresarios y trabajadores para paliar los problemas económicos derivados de esta situación.
En cuanto a las novedades, no se han producido muchas y la mayor parte de ellas están relacionadas con la situación económica y social provocada por la crisis sanitaria. Podemos destacar la exención del ingreso mínimo vital hasta un límite de 1,5 veces el IPREM junto con otras ayudas a colectivos en riesgo de exclusión social, la obligación que tienen de declarar los titulares y beneficiarios de esta prestación –lo que originará un problema a estos contribuyentes y a la AEAT–, la reducción del tiempo necesario que ha de transcurrir para poder deducir los saldos de dudoso cobro –por los arrendadores de inmuebles– y el deterioro por insolvencias de créditos –por empresarios y profesionales–, la adecuación
del cálculo de rendimiento neto por módulos a la disminución de actividad que han tenido estos empresarios, el incremento de las deducciones por donativos o la posibilidad, que se da a los trabajadores que hayan estado en ERTE en 2020, de fraccionar en seis plazos, sin intereses, el importe a ingresar.
A estas alturas, ya sabemos el impacto económico de la pandemia, que podría resumirse en la caída del 10,8% del PIB, con la consiguiente reducción de los ingresos tributarios del Estado de “solo” un 8,8%, gracias al buen comportamiento recaudatorio del IRPF, contrastando con la pérdida de un tercio de la recaudación por Impuesto sobre Sociedades o de la del IVA –11,5%– en línea con la bajada del PIB.
Teniendo en cuenta lo ocurrido en 2020 y las previsiones para 2021 –año en el que, a pesar de que se prevé un crecimiento de la economía en torno al 6,5%, se considera que el déficit será aún muy significativo– parece inevitable que se planifique una reforma fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas cuando salgamos de la crisis económica. Seguramente en esa reforma van a jugar un importante papel los impuestos medioambientales, la reforma del impuesto societario a nivel mundial, una revisión de los beneficios fiscales en los tributos troncales, y en especial en el IVA, una reorganización de la imposición sobre la riqueza, así como la modernización de algunos tributos y de las formas de lucha contra el fraude. Y todo ello al tiempo que se modifica el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas –que parece inaplazable– o de las entidades locales.
Desde luego, lo que parece vital es que se solucione la crisis sanitaria, porque ello propiciará la salida de la crisis económica, aunque vamos a seguir necesitando mucho trabajo, ya que los tiempos continuarán siendo difíciles y no nos faltarán retos que superar.
Y terminamos dando las gracias por su constancia al Consejo Directivo del REAF, que impulsa la realización de este trabajo todos los años, y al Servicio de Estudios del REAF que siempre entrega su esfuerzo e ilusión.
Valentín Pich Rosell · Presidente del Consejo General de Economistas de España
Agustín Fernández Pérez · Presidente de REAF Asesores Fiscales – CGE
DOCUMENTO COMPLETO: AQUÍ