Ayuntamientos españoles contra Airbnb: ganan los residentes, los hoteles (mucho) y pierden los propietarios y los viajeros (muchísimo) Publicado en El Blog Salmon

En plena crisis de acceso a la vivienda, es posible que plataformas como Airbnb estén llevándose algunos varapalos que no les tocan. Tras la aprobación del nuevo reglamento europeo, esto se aclarará más pronto que tarde, puesto que se vuelve obligatorio que las plataformas compartan información con la Agencia Tributaria y lleven un registro de las viviendas alquiladas y de los propietarios.

El objetivo principal de la normativa está claro: favorecer el acceso a la vivienda de primer uso en las ciudades (aunque Airbnb estima solo el 1,3 % de la oferta a alquiler turístico) y mantener un control algo más estricto del anfitrión: noches alquiladas, huéspedes, número de registros.

Airbnb lo tiene (más) difícil

En España, a partir de la alcaldía de Ada Colau en Barcelona (que, en 2021, prohibió el alquiler de habitaciónes privadas por menos de 31 días en la ciudad condal) o la prohibición de alquileres en edificios de apartamentos en Mallorca, Airbnb ha ido sumando dificultades.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo avaló también el veto a los pisos turísticos en dos comunidades de vecinos de Oviedo y San Sebastián, acogiéndose a que ya se impedía ejercer actividad económica.

No difiere de lo que está ocurriendo en Málaga, donde ya se han limitado las viviendas turísticas, exigiendo una entrada independiente, o en las Islas Canarias, donde el gobierno sigue lanzando medidas para limitar y regular estos alojamientos: mínima antigüedad, aumento de la disponibilidad del suelo, intercambio de datos…

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